El dueño Alberto Llaryora, su escudero Joaquín Fanjul y la servil pluma de Koly Bader son las caras visibles de El Periódico y Antena 8, emprendimientos periodísticos puestos al servicio de los intereses particulares de cada uno de ellos y de ocasionales aliados con una billetera generosa. Durante abril, la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) decidió realizar una movilización frente a las oficinas de la empresa, en San Martín al 600, para denunciar el accionar de estos personajes y el pisoteo constante de los derechos de los trabajadores de prensa.

Los despidos de Carlos Villagra, Sergio Sánchez y Elvira Cossio desencadenaron la protesta. La salida de los compañeros dejó a El Periódico con un reducido staff, la mayoría de ellos con salarios que no superan los 1.000 pesos, salvo, por supuesto, los del personal jerárquico y aquellos que tienen arreglos personales con la patronal para facturar por su cuenta.

La cosa no quedó ahí. Como Llaryora, Fanjul y Bader se imaginan a si mismos como grandes empresarios o periodistas, inmaculados y libres de las lacras que sábado a sábado endilgan a buena parte de dirigentes políticos, sociales o empresarios que no comulgan con ellos, la denuncia pública sobre su falta de apego a las leyes laborales no les cayó nada bien.

Fanjul tuvo la osadía de aparecer por la ventana para hacer un gesto obsceno. Bader a diferencia de otras veces, no salió a defender lo indefendible, seguramente no lo hizo porque sabe perfectamente que todo lo que dijo en la calle ante la vista y la atención de miles de tucumanos, es absolutamente cierto. Mientras tanto, Llaryora se aprestaba a almorzar un restaurante céntrico donde el parrillero tiene mejor sueldos que la enorme mayoría del personal a su cargo.

Cobardes al fin, decidieron buscar venganza con los más débiles, y no titubearon en sancionar con una suspensión de 10 días a Jorge Rodríguez y Silvia Peña Critto, con el agravante de que Rodríguez es delegado de los compañeros, no reconocido por la empresa, situación que se dirimirá en los tribunales a partir de una presentación de la APT. Hasta aquí una crónica, reducida, de la triste historia (para los laburantes) de El Periódico y Antena 8. La situación también deja al desnudo que la política y sus herramientas administrativas reguladas por el Estado, fracasan a la hora terminar con estas prácticas propias de una factoría industrial del siglo XIX.

Seguramente para las autoridades provinciales y nacionales no es desconocido como se mueve Llaryora y su entorno más íntimo, pero su misteriosa fortuna no es objeto de investigación alguna por parte de funcionarios de diversos organismos. Si no se realizan aportes previsionales ni de obra social, se negrea a trabajadores y se factura sin comprobantes por supuestas notas periodísticas, es fácil alcanzar un buen nivel de vida.

Tampoco la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que ahora cuenta con apenas dos inspectores, es ajena al accionar del Grupo Llaryora, pero sus actuaciones son limitadas y de escasa efectividad. Queda la Justicia y su tradicional lentitud para mediar entre trabajadores y patronales sin escrúpulos, y aparece como el único camino viable ante el desprecio del apoderado Fanjul por encontrar soluciones mediante el diálogo y el respecto de las normas.

Así puestas las cosas, el panorama asoma desalentador a pesar de los esfuerzos y medidas de la APT, que en todo momento estuvo y estará junto a los compañeros. Las enseñanzas en conflictos de esta naturaleza, indican que las leyes laborables, favorables a los trabajadores, en muchos casos son impracticables y difíciles de hacer cumplir a pesar de la buena voluntad de funcionarios dispersos o magistrados del fuero laboral.

Y es aquí donde se abre un desafío de cara al futuro, desde la APT se deben buscar las herramientas para involucrar a todos los estamentos del Estado en un abordaje nuevo sobre las relaciones laborales y la necesidad de agilizar mecanismos para terminar con los abusos pegándoles en donde más se duele, el bolsillo. Desenmascarar lo que dicen ser estos empresarios, y lo que realmente son, es tarea de la Asociación de Prensa de Tucumán, que lo seguirá haciendo donde también les molesta –y mucho, en las calles.